La reacción de los tecnofeudos.

Este mensaje me fue enviado ayer 04/02/26 por parte de Telegram:

❗️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de “protección”. Aquí os explico por qué son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad:

1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria: No se trata sólo de los niños—requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría.

⚠️ Peligro: Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto.

2. Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas: Si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, sus responsables podrían ir a la cárcel.

⚠️ Peligro: Esto forzará la sobrecensura—las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo.

3. Criminalización de la amplificación algorítmica: Amplificar contenido “perjudicial” a través de algoritmos se convierte en delito.

⚠️ Peligro: Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida—reemplazada por propaganda curada.

4. Seguimiento de la “huella de odio y polarización”: Las plataformas deben monitorear y reportar cómo “alimentan la división”.

⚠️ Peligro: Definiciones vagas de “odio” podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas. Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición.

Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes—gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso.

✊ Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente—antes de que sea tarde.

Esta fue mi reacción al leerlo:

No sé si Pavel Durov es un nombre real o un bot, pero este mensaje es auténtica basura fake que no se debería recibir masivamente.
En España el Fiscal General del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo, la mujer del Presidente y su hermano están siendo juzgados, varios ministros del gobierno encarcelados y la oposición goza de multitud de cauces de difusión y financiación para ejercitar sus intereses. Pensar que controlar el acceso a los niños a las redes es «armamentizar la «seguridad» para censurar a sus críticos» constituye una falacia absoluta de pendiente resbaladiza o, lo que es peor, pensar que las app de mensajería instantánea o las redes sociales son los únicos medios de defensa de la democracia. Algo que debe resultar gratificante a sus propietarios e incluso es posible que a algunos de sus trabajadores, pero que es simplemente falaz. La democracia existía antes de ellas –si es que ha existido en absoluto–, por lo que no hay ningún tipo de conexión necesaria entre esta y aquellas.

Los cuatro puntos que se señalan de una propuesta anunciada de la que no se conoce el texto son simple desinformación que revela, eso sí, el punto de vista de unas apps que sienten amenazado su negocio.
Punto por punto:

1. Multitud de aplicaciones y programas exigen controles estrictos, como procedimientos de doble autenticación.
La identificación individual sofoca el debate abierto solo en caso de que no existan garantías en el ejercicio de las libertades. No hay pruebas de que esto sea cierto y más bien hay una abrumadora evidencia de lo contrario. Lo cual no significa que el sistema sea perfecto, del mismo modo tampoco de que la existencia de las app de comunicación instantánea sean herramientas que fomenten el ejercicio de la libertad de expresión a través de información contrastada en vez de mediante bulos, fakes y falacias. Ampararse en el anonimato para justificar garantías de seguridad frente al Estado es solo apropiado para modelos totalitarios donde se limita el acceso a Internet, se bloquean apps o se llevan a cabo prácticas represivas. Pretender decir que esto se lleva a cabo en Europa es falso y pretender argumentar que esto es una practica que conduce al totalitarismo una conclusión sin base, una mera posibilidad que no se sustenta en datos positivos, sino solo en suposiciones basadas en el miedo («podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto»). «Debate abierto» no es sinónimo de «debate anónimo». Es más, es muy posible que el anonimato ampare prácticas abusivas o degenere en el mero insulto sin valor argumentativo.

2. Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas.

No me cabe duda de que este constituye uno de los asuntos principales que inquietan a los propietarios de las apps o «plataformas». La impunidad de sus prácticas y la ausencia de todo control dentro de sus entornos virtuales ha constituido un vehículo para la irresponsabilidad absoluta de los contenidos que se vuelcan en ellos. De nuevo la reflexión que se lanza sobre los peligros que entraña semejante planteamiento como la apelación a la «sobrecensura» no se corresponden con las prácticas reales abiertas y protegidas por las leyes que llevan a cabo grupos de oposición en una sociedad democrática. Aludir a una especie de «disidencia política», más propia de regímenes comunistas de los años sesenta, que de nuestra realidad política actual constituye una tergiversación flagrante de las técnicas de las «democracias» reales en nuestro presente. Pretender que el ejercicio de transmisión de información a través de estas plataformas constituye un «periodismo» verdadero constituye una concepción naif, cuanto no torticera o quizá solo premeditadamente tergiversada del verdadero periodismo.
Insinuar que las opiniones cotidianas van a ser vigiladas y castigadas por el Estado cuando se desvían de los dogmas oficiales implica asumir que vivimos en entornos políticos donde se producen restricciones reales a la libertad de expresión. No cabe duda de que este fenómeno se da en España en algunos casos, como los de algún rapero frente a la Casa real o artistas frente a la Iglesia católica. Se trata de instituciones que gozan de los máximos privilegios en nuestra sociedad y de cuya influencia parece que el Estado resulta incapaz de desprenderse. Sin embargo más allá de ellas, no hay pruebas reales de persecución o vigilancia por parte de comisarios políticos o policía de la opinión. De nuevo este argumento solo se basa en la falacia de la pendiente resbaladiza cuando se afirma que «tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo». Una auténtica puerilidad sin más base que la pura imaginación.

3. Pretender que los algoritmos son neutrales en la difusión de contenidos y que van a ser sustituidos por los dictados del gobierno queda solo en la escala de los sueños más húmedos de las dictaduras radicales, como la de Corea.

Considerar que esos algoritmos son los que nos proporcionan una «exploración libre de ideas» muestra hasta qué punto los propietarios de las plataformas se autoconciben como el último baluarte de la libertad lo que contrasta paradójicamente con sus propios sistemas algorítmicos que, como es sabido, generan sesgos cognitivos y tienden a provocar la polarización de la opinión cuando no directamente la manipulación de la misma.

4. Y esto conduce directamente al cuarto punto. El autor del texto se escuda en la pretendida falta de definición del término «odio», olvidando que estas cuestiones son inherentemente ambiguas por su complejidad y que siempre están mediadas por procedimientos judiciales ante los cuales los pobres propietarios de estas plataformas tienen garantizada su defensa según la legislación vigente. Pensar que esto «puede ser una herramienta para suprimir a la oposición» roza cuando no supera ampliamente una risible conclusión derivada de una concepción totalmente desviada, de nuevo, de la realidad política nacional y europea. En España hay representación política de todas las tendencias ideológicas que caben en un marco constitucional e incluso algunas de ellas juegan abiertamente con su subversión o desobediencia. Algunos desobedecen abiertamente la ley sin consecuencias también, lo que tampoco sería deseable, pero ocurre.

Ni una sola de las afirmaciones que se sostienen aquí se sustenta en indicios verificables sino que son solo la expresión polarizada y límite de una situación que se podría alcanzar hipotéticamente en un caso de cierre totalitario por parte del Estado. Pero para llevar esto a cabo hace falta mucho más que una ley que inhiba el acceso a los niños a estas plataformas de comunicación instantánea o redes sociales. Es más, los hechos comprobados indican que el contacto de menores con estas plataformas constituye un elemento que afecta negativamente a su salud y desarrollo psicológico. Lo único que denota el texto, por lo tanto, es, como tantas otras veces, el miedo de los propietarios a la pérdida de influencia, utilización y consumo, en definitiva, por parte de la población, de aquello que les reporta beneficios inimaginables. Escudar la avaricia, legítima por otra parte, en el ejercicio y apología de la libertad vacía de todo significado y volcada exclusivamente en su representación digital, constituye una mixtificación, una manipulación interesada de la realidad que no hace sino confirmar el pérfido influjo que los dueños de estas aplicaciones digitales pueden llegar a ejercer sin una mínima crítica racional que los detenga.
Ni muchísimo menos se pretende mediante este legado defender que la democracia realmente existente en España sea perfecta. Muy al contrario padece en multitud de problemas y contradicciones que sería muy deseable mejorar. Sería deseable que a esta mejora contribuyesen las plataformas antedichas a través de mecanismos de autocontrol y verificación rigurosos que impidiesen la difusión de desinformación y prácticas nocivas para sus usuarios.
Insisto todavía no se dispone de información precisa sobre las pretensiones del gobierno; extrapolar de ellas iniciativas de tipo totalitario constituye una falacia dependiente resbaladiza que sería conveniente poner entre paréntesis en tanto en cuanto no se disponga de la propuesta real.

Addenda de hoy 05/02/26

Me he enterado de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha planteado limitar e incluso prohibir X/old Twitter. Leo esperanzado a continuación que se añade: «si no se asumen responsabilidades»… Aunque esté de acuerdo en varias cosas que se dicen «El espacio digital es la ley de la selva…» otras cosas me parecen mucho más cuestionables «…y pone en riesgo los derechos y las libertades». Otro punto interesante es este:

Así se ha expresado la ministra en un acto sobre activismo digital organizado en la sede de Catalunya En Comú, en el que ha defendido que el actual espacio digital es «antidemocrático», ya que lo controlan «unos pocos caudillos digitales».

Los Tecnofeudos son una realidad, la manipulación de las redes sociales ya está demostrada… pero atención, la democracia (por llamarla así) se debe basar en el ejercicio de decisión y responsabilidad de sujetos racionales. Cuando se asume que el espacio digital es «antidemocrático» y lo dice una Ministra, sería deseable un mayor cuidado y autocontrol, porque fiar el ejercicio racional crítico en las redes sociales es simplemente absurdo y es tan antidemocrática una red social como una Sociedad Deportiva o cualquier empresa privada, por las que la ministra no se manifiesta. Las redes sociales no están para eso. Generan estados de opinión, pero debería ser cuestión de madurez y cultura personal el ser capaz de discernir las «excrecencias plúmbeas» de la prístina verdad. No hace falta una reacción tan visceral ante las boutades de Elon Musk.